Hace unos días, el gobierno mexicano dio a conocer el rescate de la banda de 2.5 Gigahertz otorgada desde hace un lustro a la empresa mexicana de telecomunicaciones MVS. Pero, ¿Qué es la banda 2.5 y por qué se ha vuelto el objeto de deseo de los monopolios y botín político de las autoridades mexicanas?
Vale la pena recordar que la banda 2.5 es un canal de telecomunicaciones que ha sido empleado para ofrecer comunicaciones móviles de banda ancha en zonas urbanas de alta densidad. Es decir, para conexiones de Internet móvil en ciudades con poblaciones muy grandes, aunque también se ha aprovechado para ofrecer servicios de audio y televisión restringida, transporte de señales de voz y transmisión bidireccional de datos.
Desgraciadamente, la banda no se ha aprovechado al 100% desde 2005, año en que vencieron las licencias de uso otorgadas a MVS y que el gobierno se ha negado a renovar a pesar de varias iniciativas. En 201o, MVS presentó una iniciativa que planteaba la construcción de una red inalámbrica de banda ancha con tecnología WiMax móvil. El proyecto «Banda ancha para todos» incluía la participación de inversionistas privados como Alestra, Intel y Clearwire. La estrategia ofrecía la posibilidad de ofrecer servicios y planes tarifarios enfocados a los usuarios de los niveles socioeconómicos más bajos del país.
La premisa básica de este proyecto era competir con el resto de los operadores de telefonía fija y móvil, (incluyendo a Telmex y Telcel) con servicios de internet de banda ancha que planteaban la posibilidad de ofrecer un servicio de internet tres veces más rápido a un menor precio. La ventaja de la banda 2.5 es que ese misma estructura de telecomunicación ya se asignó en Estados Unidos y Canadá, por lo que podrían existir acuerdos de roaming con los operadores de dichos países.
Inexplicablemente, el gobierno mexicano no solo no quiso aceptar esa propuesta, sino que dilató la negociación. El problema fue la cantidad ofrecida por MVS y sus inversionistas por el refrendo de las licencias de uso. Aunque la oferta de MVS era ciertamente limitada, el gobierno no solo no quiso acceder a la petición, sino que modificó el uso y cobertura geográfica de las licitaciones y finalmente decidió retirarlas y licitarlas a «todos los concesionarios interesados», pero a un sobreprecio que sólo podría pagar una empresas en el país: Iusacell, propiedad de la asociación entre Televisa y TV Azteca.
Ni Telefónica Movistar, ni América Móvil podrían participar por la 2.5, pues los límites de ‘price cap’ ya se saturaron, ya que los operadores llegaron a su límite de concesión.
Es aquí donde la polémica del asunto viene a cuento. Por un lado, MVS (empresa tradicionalmente critica del gobierno Calderonista) acusa a Televisa de presionar al gobierno para que no le renueven las frecuencias. Por el otro, la autoridad acusa a MVS de tener secuestrado un espectro radioeléctrico de dominio público de la nación.
Lo que es un hecho es que la denominada «operación rescate» ha sido duramente cuestionada por la opinión pública, ya que como bien se sabe, el duopolio televisivo ha concentrado un poder casi absoluto en el ramo de las telecomunicaciones. Las voces más aventuradas no han dudado en señalar que la operación es una moneda de cambio del gobierno federal para negociar y beneficiar a las televisoras, ya que como se vio en la pasada elección presidencial, la TV ejerce un poder de influencia bastante fuerte en ciertos sectores de la población.
El riesgo de concentrar un poder tan grande en manos de unos cuantos radica en el posible debilitamiento de canales de expresión como el internet, que hasta este momento ha representado una herramienta indispensable para la gestación de movimientos como el #yosoy132 que ha cuestionado fuertemente la injerencia de Televisa en los procesos electorales.
Ojalá, la autoridad y la población en general recapaciten sobre los riesgos de asignar una plataforma de comunicación tan poderosa a los mismo jugadores de siempre en el campo de las telecomunicaciones. Ojalá la licitación que esta en puerta, de verdad beneficie a los usuarios, y no solo a los grandes empresarios y sus ambiciones de poder.
